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La Corte Suprema de Justicia rectificó su doctrina en el sentido de que los cónyuges, en defensa de sus derechos patrimoniales, trasgredidos de forma ilegal por su pareja, están legitimados para acudir a reclamar la nulidad absoluta del acto. El ad quem erró al señalar que la esta nulidad solo puede ser invocada por las partes contratantes.
Lo anterior en virtud del artículo 333 del Código General del Proceso, según el cual la casación no solo sirve para reparar el agravio que el fallo censurado causó al recurrente, sino que también está concebida para defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, unificar jurisprudencia y controlar la legalidad de las decisiones.
Ahora bien, tratándose de nulidad absoluta, de la expresión “el que tenga interés”, en los términos del artículo 1742 del Código Civil, la doctrina del alto tribunal ha dicho que no está reservada a la solicitud que efectúen las partes contractuales, sino que también puede reclamarse por quien acredite un interés directo para pedir que se declare, es decir, por cualquier persona que vea afectado un derecho.
Y es que, indicó la Sala Civil, una vez admitido que la sociedad conyugal emerge desde el casamiento, a partir de este momento debe entenderse que los esposos pueden promover reclamaciones para evitar que su derecho de gananciales sea desconocido de forma maliciosa, lo que no se limita a la simulación o a la sanción del artículo 1824 del Código Civil, sobre ocultamiento de bienes sociales, sino que comprende cualquier otro instrumento reconocido por el ordenamiento jurídico.
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Las capacitaciones se realizan combinando y flexibilizando la utilización de canales presenciales y virtuales.
Nuestras capacitaciones tienen como objetivo proponer, a partir de las necesidades de la empresa, una ruta de actuación que se centre en el cumplimiento de la normatividad actual. Desde la implementación de los protocolos de intervención, hasta el desarrollo de acciones organizacionales y del factor humano para fortalecimiento de diferentes competencias bajo cuatro ejes estratégicos:
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Estas valoraciones resultan indispensables para probar el daño moral como afectación en los procesos en los que se ventile la responsabilidad, tanto del Estado en procesos contenciosos administrativos, como en el ámbito civil. Así mismo, la importancia de dichas valoraciones psicológicas en los mecanismos alternativos de solución de conflictos MASC, cobra significativa importancia para determinar los valores a conciliar.
Objetivo: Aportar información veraz y objetiva que facilite decisiones judiciales justas y basadas en pruebas psicológicas y legales confiables.